Liberad al Sáhara Occidental

Aminatou Haidar (mitad)

Salka Bujari fue una mujer detenida en el Aaiún (Sáhara Occidental), torturada y llevada a una cárcel clandestina nunca reconocida por Marruecos. Esta es una de las víctimas del Sáhara Occidental de las que habló el miembro del Instituto Hegoa y director de este encuentro de los Cursos de Verano de la UPV/EHU, Carlos Martín. El Instituto Hegoa y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, organizadores de este Curso de Verano, llevan desde 2009 desarrollando diferentes investigaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) en el Sáhara Occidental. Gracias a ello, han publicado ‘El Oasis de la Memoria’ y ‘Meheris’. La primera publicación recoge 261 testimonios de víctimas que relataron sus viven-cias y vulneraciones de Derechos Humanos a los que fueron sometidos. Se trata, entre otros, de víctimas del Bombardeo Um Dreigha, tortura en centros clandestinos, el caso Campamento Gdem Izik, el caso de los 26 o la Intifada de 2005. La segunda publicación por su parte, recoge los testimonios de familiares de desaparecidos forzados, gracias a los cuales se han encontrado 5 fosas comunes.

Los ponentes participantes hablaron de 40 años de violaciones sistemáticas a los DDHH de la población saharaui. Paco Etxeberria, miembro de Aranzadi, decía que “todavía hay alrededor de 400 desaparecidos”. Josu Oscoz, de la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Vitoria-Gasteiz, quiso también recordar que “hay mucha gente viviendo en los campamentos de refugiados, como por ejemplo en Tinduf”.
También denunciaba la existencia de violaciones a los DDHH en las últimas 4 décadas la activista pro saharaui Aminatou Haidar. Ella forma parte de CODESA, el Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos, y manifestó que desde el 31 de octubre de 1971, “Marruecos viola los DDHH en el Sáhara Occidental”. Admitió que la tortura sigue existiendo y que se trata de “una política sistemática y continua”, incluso después del alto al fuego de 1991.

Otra de las cuestiones tratadas en el encuentro fue el derecho de autodeterminación. Eric Sottas, de la Organización Mundial Contra la Tortura, veía fundamental resolver el conflicto político para alcanzar “la paz con dignidad y desbloquear la situación política que hace que el Sáhara Occidental sea un lugar sin dueño”.
En ese sentido político, Carlos Martín subrayó que el Sáhara Occidental “está dejada en el olvido en el ámbito internacional” y consideraba que existe una situación de “bloqueo” en la consecución de paz porque “todavía no se han puesto en marcha los mecanismos de justicia transicional que suelen aplicarse en otros conflic-tos de similar magnitud”. Y es que el Sáhara Occidental se encuentra dividida entre el Territorio Ocupado por Marruecos y el pueblo saharaui. Existen además movimientos como el Frente Polisario, que quieren que esta ocupación termine.

Martín abogaba por una “agenda de justicia transicional para visibilizar las vulneraciones a los DDHH”. Decía que “si no hay un respeto a los DDHH, es difícil dar salida a un conflicto político”. También hizo alusión a la misión MINURSO de Naciones Unidas apelando a que “se convierta en un mecanismo de vigilancia y verificación de cumplimiento de los DDHH”.
Para Aminatou Haidar, esta visibilización y verificación de violación de los DDHH “tenía que haber servido y tiene que servir para que las organi-zaciones internacionales se muevan y actúen para dar solución al conflicto”.

Entrevista a Carlos Martín: “Marruecos es el aliado estratégico de Francia en el Norte de África”.

Visto que el Sáhara Occidental fue una colonia de España, ¿por qué el Gobierno español mira para otro lado?
El gobierno español, desde los años 70, tenía el mandato de Naciones Unidas de organizar el Referéndum, pero firmó los acuerdos de Madrid en el 75 de tal forma que trató de quitarse el problema. Unos acuerdos que nunca se publicaron y que no son legales. Ha visto en el Sáhara un problema incómodo al que no se ha querido enfrentar. No se quiso enfrentar a ese comportamiento agresivo de Marruecos de querer quedarse con el territorio como fuera. El gobierno sigue diciendo que hay que respetar la legislación internacional y mira para otro lado. Primero, por los acuerdos de colaboración, y por otro lado, porque el Gobierno español es en un aliado estratégico de España y Francia para otros problemas como el control del terrorismo y el contro de la inmigración. Marruecos ha ido jugando esa baza frente a Europa para hacerse aliado y no se le puedan discutir violaciones como es en el caso del Sáhara.

¿Hay miedo a Marruecos?
No creo que sea tanto miedo como complicidad e intereses comunes.

Sí, precisamente me preguntaba si habría intereses...
Claro. El banco de pesca más importante y base fundamental para el sur de España está en territorio saharaui. Los acuerdos comerciales con España y la Unión Europea son intereses comunes económicos que han podido tener influencia también en política.

¿Quién tiene potestad en un territorio no autónomo?
Naciones Unidas (NNUU). Pero quien depende de la misma o quien toma las decisiones ejecutivas es el Consejo de Seguridad, donde hay 5 países que tienen derecho a veto, uno de ellos Francia. Francia ha sido la que más ha utilizado su derecho a veto en materia del Sáhara o amenazando con utilizarlo. Porque Marruecos es el aliado estratégico de Francia en el Norte de África.

Aminatou se ha mostrado un poco reticente a la justicia transicional, pero en general, cuando ustedes hablan de justicia transicional ¿qué quieren que se haga?
Ella se ha mostrado contraria a que existan unas condiciones para algo que ha sido utilizado con Marruecos para que sea llamado justicia transicional. Pero no es contraria ni a la reparación, ni al derecho a la verdad, ni a ninguna medida que se encuentra incluida en esa justicia.
Buscamos primero la investigación de la verdad sobre las violaciones cometidas. Que se investiguen y reconozcan. Después, queremos el reconocimiento de la existencia del pueblo saharaui. También pedimos hacer efectivo el derecho a retorno y someter a la Justicia a los perpetradores de estas violaciones que pueden estar participando en las instituciones públicas. Estas personas no pueden estar a cargo de la responsabilidad política o judicial en el Sáhara. Además, queremos que se ponga en marcha una política de reparación, por ejemplo económica, para las víctimas y que se dé legalidad a las distintas asociaciones que se creen en la zona.